A través de una empresa familiar y el vínculo con un empresario amigo, cerraron contratos por seguridad y limpieza que ya movieron unos $4.324 millones.
La decisión celebrada por el ministro de Desregulación generó rechazo en distritos que acusan abandono en la infraestructura vial. Funcionarios provinciales advierten que la medida solo agravará el deterioro de caminos y pondrá en riesgo la seguridad