Un consejero vinculado a la Reserva Federal sugirió al Gobierno reabrir la filial del Banco Nación en Grand Cayman, cerrada durante la gestión de González Fraga. La recomendación aparece ligada a la necesidad de reconstruir canales financieros internacionales en medio del frente judicial por YPF.
En medio de las tensiones financieras y judiciales que enfrenta la Argentina en Nueva York, un consejero vinculado a la Reserva Federal habría transmitido al ministro de Economía, Luis Caputo, la conveniencia de reabrir la filial del Banco Nación en Grand Cayman. La recomendación aparece asociada a la necesidad de reconstruir canales de financiamiento internacional y mejorar la arquitectura operativa del banco público en el exterior.
La sucursal del Banco de la Nación Argentina en Grand Cayman fue creada en 1981 bajo una licencia internacional de Categoría B, regulada por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA). Su actividad estaba orientada a la financiación del comercio exterior, la banca internacional y la operatoria con no residentes. Desde allí, el banco estatal lograba articular relaciones con bancos corresponsales internacionales que facilitaban fondeo externo, emisión de garantías internacionales —como Stand By Letters of Credit— y estructuración de instrumentos fiduciarios bajo estándares internacionales de mercado.
La filial operaba bajo la dirección administrativa de la sucursal Panamá, aunque cada jurisdicción mantenía cuentas de corresponsalía independientes. En la práctica, Grand Cayman se especializaba en operaciones de banca internacional y financiamiento del comercio, funcionando como una plataforma para vincular al Nación con el sistema financiero global. Su sede estaba ubicada en el cuarto piso del 103 de South Church Street, en Georgetown, uno de los principales nodos financieros del Caribe.
El cierre de la filial se justificó públicamente en su momento por razones de compliance, imagen y reputación. Esa fue la explicación que hizo trascender el entonces titular del banco, Javier González Fraga, en un contexto atravesado por cuestionamientos posteriores a la gestión del crédito otorgado a Vicentin. Sin embargo, especialistas del sector financiero señalan que la decisión se apoyó en un diagnóstico discutido sobre la situación regulatoria de la jurisdicción.
Según la clasificación de la Unión Europea, las Islas Caimán integran la denominada Green List, lo que implica cumplimiento de estándares internacionales de transparencia, control y debida diligencia. La confusión, sostienen fuentes del sistema financiero, habría surgido al equiparar la situación de Cayman con otras plazas offshore que sí presentan observaciones internacionales, como Panamá, que en distintos períodos fue incluida en listados críticos vinculados a deficiencias en materia de cooperación contra el lavado de dinero.
El tema reaparece ahora en un contexto distinto. En el marco de la causa iniciada por Burford Capital —que adquirió los derechos del juicio del Grupo Petersen contra el Estado argentino por la expropiación de YPF—, Estados Unidos se presentó como amicus curiae. Fuentes cercanas al proceso judicial en Nueva York sostienen que ese movimiento reduce la probabilidad de que prospere una ejecución inmediata de la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska por más de USD 16.000 millones.
En ese escenario, la eventual reapertura de la licencia en Grand Cayman aparece, según fuentes al tanto de las conversaciones, como parte de una estrategia más amplia orientada a recomponer vínculos financieros internacionales y recuperar herramientas operativas para el comercio exterior. La señal, transmitida por un influyente interlocutor cercano a la Casa Blanca, apunta a fortalecer la capacidad del Estado argentino para operar en el sistema financiero global en un momento donde el acceso al crédito externo sigue condicionado por el frente judicial y la escasez estructural de divisas.
