La Secretaría de Energía del Partido Justicialista difundió un comunicado en el que advierte que el programa energético del gobierno nacional proyecta “un escenario de ajuste, incertidumbre y fuerte restricción al crecimiento económico”. El texto cuestiona las reformas impulsadas por la gestión libertaria, en línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), que reducen la presencia del Estado en la planificación y financiamiento del sector.
Según el comunicado, el retiro del Estado deja la ampliación de la infraestructura energética “exclusivamente” en manos de la iniciativa privada. De ese modo, las inversiones estratégicas dependerán solo de la rentabilidad asegurada o de su potencial exportador. Para el PJ, este esquema profundiza los desequilibrios regionales y posterga amplias zonas del país.
El documento denuncia que, como consecuencia de este modelo, el gobierno abandonó un ambicioso plan de inversión. Entre las iniciativas suspendidas enumera el proyecto de transporte eléctrico AMBA I, que contaba con financiamiento de China por 1.100 millones de dólares; el Plan Federal de Ampliación de Transporte Eléctrico III, con créditos garantizados por 1.000 millones del BID y el Banco Europeo; y la adjudicación de 3.340 megavatios térmicos con financiamiento privado.
En materia de transporte eléctrico, el texto recuerda que la Secretaría de Energía nacional sancionó la Resolución 311/2025, que redefine las condiciones para concesionar obras públicas. En paralelo, señala la cancelación del plan TRANSPORT.AR, que incluía el segundo tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Esa iniciativa fue reemplazada por un esquema aprobado en el Decreto 1060/2023, que según el PJ supone “su virtual privatización” y la entrega de volúmenes excedentes de gas al sector privado.
El comunicado también critica la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), al advertir que la medida “amenaza con incrementar sustancialmente el costo de abastecimiento para la economía argentina”, constituyéndose en “una nueva fuente de incertidumbre” y un obstáculo para cualquier plan de desarrollo futuro.
Otro eje de las críticas es el plan de privatizaciones de empresas del Estado, al que el PJ define como “un enorme negociado”. La lista incluye activos considerados estratégicos: las centrales hidroeléctricas del Comahue, las centrales termoeléctricas San Martín y Belgrano (de ENARSA), la transportista Transener y la administradora de las centrales nucleares, Nucleoeléctrica Argentina S.A.
El texto concluye que la ausencia de resultados positivos de las reformas en curso, sumada a los desequilibrios macroeconómicos del programa oficial, proyecta “un complejo panorama” para el sector energético. Y reclama que las autoridades nacionales modifiquen el rumbo para garantizar el normal funcionamiento del sistema, con una planificación coherente con el desarrollo de la economía nacional y con el acceso a la energía “en forma asequible y segura” para todos los habitantes.
