El gobierno del Chaco gastó más de $2.600 millones en firmas presuntamente ligadas al universo troll

Esta ligado al caso Gastón Douek, conocido como “el señor de los trolls”

Una filtración de contratos del Fideicomiso de Administración de Pautas Publicitarias Oficiales (FAPPO) expuso una red de empresas contratadas por el gobierno de Leandro Zdero, vinculadas a operaciones de manipulación digital y campañas de desprestigio en redes sociales. Durante solo 14 meses, las firmas P&P Social Media, AdYouWish, Smart Consumer y Smart Data facturaron más de $2.625 millones al Estado chaqueño.

Según los contratos, el objetivo era asesorar sobre imagen, variables socioeconómicas y redes sociales. Sin embargo, los montos y destinatarios sugieren un entramado mucho más complejo. El esquema incluyó pagos desde Lotería Chaqueña y se formalizó bajo conceptos que, en apariencia, contradicen la finalidad del FAPPO, un fideicomiso destinado exclusivamente a la pauta publicitaria. Además, los contratos no figuran en el portal oficial del gobierno, el fideicomiso no tiene sitio web y los pedidos de informes son sistemáticamente ignorados.

Las empresas beneficiadas por estos contratos no solo operan en Chaco. También fueron contratadas por los gobiernos de Tierra del Fuego, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Rioja y Santa Fe, por lo que se trataría de una conducta que se desparrama por múltiples provincias argentinas.

A la cabeza de este entramado aparece Gastón Douek, director de Smart Consumer y presidente de Smart Data, conocido como “el señor de los trolls”. En una entrevista, Douek reconoció haber creado la mayor maquinaria de trolls de Latinoamérica durante la campaña presidencial mexicana de 2012: “En un solo día, Twitter nos bajó 48.000 cuentas. Teníamos 150.000”, dijo en La Nación.

Las actividades de Douek y su socio Guillermo Seita abarcan desde la generación de fake news hasta el “lavado reputacional”, operando a través de empresas como Prosumia e Illuminati LAB, todas radicadas en un mismo domicilio en Olivos. Sus campañas pueden direccionarse en cuestión de horas y, según denuncias, cuentan con bases de datos obtenidas de forma dudosa desde organismos públicos.

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