Reforma eléctrica: Argentina elimina subsidios, mientras Brasil apunta a darle energía gratis a 60 millones de brasileños

El gobierno de Lula presentó un proyecto para reformar el mercado eléctrico en el Congreso. En tanto, Javier Milei acordó con el FMI eliminar los subsidios.

El gobierno de Lula da Silva presentó un proyecto de reforma del mercado eléctrico que contempla la implementación de una tarifa gratuita para hogares de bajos ingresos. La propuesta busca subsidiar por completo los primeros 80 kWh mensuales consumidos, lo que alcanzaría a unos 60 millones de brasileños. El texto fue enviado por el Ministerio de Minas y Energía a la Casa Civil y se espera que ingrese al Congreso bajo el formato de medida provisional.

La iniciativa se da en un momento en que el Fondo Monetario Internacional sostiene una postura opuesta en su recomendación a países de la región, como la Argentina. El ente financiero plantea la necesidad de eliminar por completo los esquemas de subsidios energéticos y reemplazarlos por una ayuda focalizada llamada “tarifa social”. También pide que el Estado deja de intervenir en la formación de precios y que se limita a otorgar una bonificación individual sobre la tarifa final.

Ahora en el caso de Brasil, el nuevo esquema modificaría el actual sistema de descuentos parciales para transformarlo en una cobertura total de los consumos más bajos, financiado a través de la Cuenta de Desarrollo Energético (CDE). Esta cuenta se nutre de recargos aplicados a usuarios de mayor poder adquisitivo y empresas. La reforma también contempla limitar beneficios que hoy reciben grandes consumidores y autogeneradores de energía para redirigir esos recursos al financiamiento de la tarifa gratuita.

El gobierno brasileño apunta a extender el sistema de libre contratación de energía a todos los usuarios, incluyendo residenciales, a partir de 2028. Actualmente, este sistema solo rige para grandes consumidores industriales.

Por lo tanto, en contraste con las recomendaciones que suele hacer el Fondo, Lula se anima a impulsa una reforma que amplía los subsidios y mantiene un rol activo del Estado en la definición de tarifas para los sectores vulnerables.

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