Luego de varios días de tensión entre María Servini y Carlos Stornelli sobre el modo de avanzar en el causa que investiga los destrozos en el Congreso mientras se debatía la Ley de Bases, la jueza cedió ante el fiscal y decidió este martes por la noche procesar con prisión preventiva a cinco de las 33 personas que fueron detenidas por el hecho.
A su vez, la magistrada continuó ordenando la liberación de los implicados, por lo que otros 11 sujetos se sumaron a los otros 16 que ya habían sido excarcelados el viernes pasado. De momento, Servini considera que aún restan pruebas para sacar conclusiones en el caso y que el proceso durará lo que sea necesario.
“Estamos hablando de toda una serie de detenciones que se produjeron por distintas fuerzas que responden a distintos órdenes -local y federal- en el marco de lo que podemos definir como un escenario de caos y desorden generalizado en el que se vandalizaron y prendieron fuego automóviles tacho de basura y bicicletas, se rompieron veredas y paredes y se lanzaron objetos con pinches, piedras, palos y elementos en llamas contra las fuerzas de seguridad por parte de un grupo de personas, muchas de ellas encapuchadas que se encontraban entre quienes manifestaban legítimamente”, expresó Servini.
Y agregó: “Esta situación caótica y de desborde fue sin duda el caldo de cultivo ideal para la perpetración de conductas delictivas por parte de quienes repudian el legítimo juego de la democracia”.
Destrozos en el Congreso: quiénes son los 5 detenidos con prisión preventiva
Ante esto, Servini procesó con prisión preventiva a Cristian Valiente por intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad, debido a que tenía una granada; y a Patricia Calarco Arredondo por incendiar en concurso con daño agravado por haberse afectado un bien público como las bicicletas del Gobierno de la Ciudad en concurso con el delito de intimidación.
A ellos se suman Facundo Ezequiel Gómez por intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad; y Daniel Sica por atentado a la autoridad, agravado por haberse cometido en reunión de más personas y por haber puesto en manos de la autoridad, en concurso ideal con intimidación pública.
Por último, dictó prisión preventiva a Roberto María de la Cruz Gómez por intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad.
